Ejecución hecha a Gómez Azañón y Sánchez Mingolla por el resto de los novenos de Buga de los años de 1603 y 604. La estableció el juez Rivera y terminó ante los Jueces Oficiales Reales de Cali.

Autos contra Aldrete del Castillo por ser deudor al Rey de los novenos reales correspondientes a los diezmos de 1620 que remato (68 pesos 7 granos). Mandamiento de los mismos Jueces Oficiales Reales para que el Alguacil Mayor lo requiera y acta de requerimiento de éste, que lo era Juan Holguín.

El tribunal de apelaciones del distrito judicial del Cauca, Confirmó la sentencia dictada en el juzgado municipal 1º de Cali, entre los ciudadanos José Joaquín Lozano, José María Cifuentes y José María Huertas, sobre el derecho al esclavo José Aniceto, quien quedó por el fallecimiento de Pablo Bermeo; quien era deudor de los citados señores y habiéndose vendido a Lozano, hizo otras transacciones con el esclavo.

El tribunal de apelaciones del distrito judicial del Cauca, Confirmó la sentencia dictada en el juzgado municipal 1º de Cali, entre los ciudadanos José Joaquín Lozano, José María Cifuentes y José María Huertas, sobre el derecho al esclavo José Aniceto, quien quedó por el fallecimiento de Pablo Bermeo; quien era deudor de los citados señores y habiéndose vendido a Lozano, hizo otras transacciones con el esclavo.

Javier López Cobos, demandó ante el juzgado 1º de este Cantón, a Luisa Estupiñán, por una deuda de $1772, 5 reales, que le prestó en efectivo para la compra y reparación de la casa que poseía. López Cobos nombró como apoderado a Manuel María Vergara. López le prestó el dinero sin garantía ni documento. Después de cuatro años la misma deudora firmó un contrato comprometiéndose a pagar la deuda, después de transcurridos cinco años. Hechos todos los recursos probatorios en 1ª instancia se declaró que la Estupiñán no estaba obligada al pago de la deuda hasta que no se probara que tenía con que hacerlo. Vergara apeló ante el Tribunal, quien revocó la sentencia y declaró que la deudora debía sujetarse a lo que ella misma se había comprometido; debiendo pagar la deuda luego de cumplidos los 5 años.

Javier López Cobos, demandó ante el juzgado 1º de este Cantón, a Luisa Estupiñán, por una deuda de $1772, 5 reales, que le prestó en efectivo para la compra y reparación de la casa que poseía. López Cobos nombró como apoderado a Manuel María Vergara. López le prestó el dinero sin garantía ni documento. Después de cuatro años la misma deudora firmó un contrato comprometiéndose a pagar la deuda, después de transcurridos cinco años. Hechos todos los recursos probatorios en 1ª instancia se declaró que la Estupiñán no estaba obligada al pago de la deuda hasta que no se probara que tenía con que hacerlo. Vergara apeló ante el Tribunal, quien revocó la sentencia y declaró que la deudora debía sujetarse a lo que ella misma se había comprometido; debiendo pagar la deuda luego de cumplidos los 5 años.

Apelación interpuesta por Pío Rengifo a la sentencia de 1ª instancia dictada por el Juez 1º de Cali, por los autos que éste seguía contra Pedro Arisaga por adeudarle $193, 3 y medio reales. El Tribunal consideró que todas las diligencias se practicaron sin haber requerido al deudor para que pagase como lo previene la ley, declarando nulo todo lo actuado y restituyó la causa al estado de demanda.

Apelación interpuesta por Pío Rengifo a la sentencia de 1ª instancia dictada por el Juez 1º de Cali, por los autos que éste seguía contra Pedro Arisaga por adeudarle $193, 3 y medio reales. El Tribunal consideró que todas las diligencias se practicaron sin haber requerido al deudor para que pagase como lo previene la ley, declarando nulo todo lo actuado y restituyó la causa al estado de demanda.

José María Arroyo, apoderado de Pedro Altamirano pidió se le devolviera los autos al Juez remitente para los efectos legales, en la causa que seguía con Clemente Mercado, sobre perjuicios en una labranza cuyos autos habían ido al Tribunal en virtud de la apelación de Mercado. El Ministro Antonio Castro le concedió el pedimento.

José María Arroyo, apoderado de Pedro Altamirano pidió se le devolviera los autos al Juez remitente para los efectos legales, en la causa que seguía con Clemente Mercado, sobre perjuicios en una labranza cuyos autos habían ido al Tribunal en virtud de la apelación de Mercado. El Ministro Antonio Castro le concedió el pedimento.

Autos seguidos ante el Juez Letrado 2º de Popayán por Mariano Rada, apoderado de Mariano Fernández de Córdoba. Contra Rafael Valdés, por $207, que le adeudaba éste. El Juez considerando que Valdés negara la deuda y que Fernández de Córdoba no las probó suficiente dio por absuelto al demandado.

Autos seguidos ante el Juez Letrado 2º de Popayán por Mariano Rada, apoderado de Mariano Fernández de Córdoba. Contra Rafael Valdés, por $207, que le adeudaba éste. El Juez considerando que Valdés negara la deuda y que Fernández de Córdoba no las probó suficiente dio por absuelto al demandado.

El Tribunal del distrito judicial del Cauca confirmó la sentencia de 1º instancia, dictada en los autos seguidos ante el juzgado 2º de 1ª instancia de Cali por el señor Tomás Córdoba con José María Caicedo, impidiéndole una cañería de desagüe, perjudicando la que conducía las aguas limpias a su casa.

El Tribunal del distrito judicial del Cauca confirmó la sentencia de 1º instancia, dictada en los autos seguidos ante el juzgado 2º de 1ª instancia de Cali por el señor Tomás Córdoba con José María Caicedo, impidiéndole una cañería de desagüe, perjudicando la que conducía las aguas limpias a su casa.

Autos seguidos ante el Juez parroquial de Vijes, Cantón de Cali, entre Santiago Baltán y Manuel Garcés, sobre la libertad de dos manumitidos y habiendo declarado el Juez de Vijes, Calixto García que Garcés debía entregar a Baltán los referidos manumitidos, el Juez segundo de Cali ordenó la ejecución de dicha sentencia por la cual Garcés interpuso recurso de la dicha sentencia por lo cual Garcés interpuso recurso de apelación ante el Tribunal quien declaró que debía darse la determinación de justicia con dictamen del Letrado a fin de que pudiera tener lugar el recurso de queja si lo interpusieren las partes.

Autos seguidos ante el Juez parroquial de Vijes, Cantón de Cali, entre Santiago Baltán y Manuel Garcés, sobre la libertad de dos manumitidos y habiendo declarado el Juez de Vijes, Calixto García que Garcés debía entregar a Baltán los referidos manumitidos, el Juez segundo de Cali ordenó la ejecución de dicha sentencia por la cual Garcés interpuso recurso de la dicha sentencia por lo cual Garcés interpuso recurso de apelación ante el Tribunal quien declaró que debía darse la determinación de justicia con dictamen del Letrado a fin de que pudiera tener lugar el recurso de queja si lo interpusieren las partes.

Copia de la sentencia promovida por el Juez Letrado del circuito judicial de Cali, en que declaró nulo e insubsistente el convenio celebrado entre José Gregorio Fernández como apoderado de Jaime Arroyo, curador del menor Francisco Lemos y Emeterio Aragón apoderado de Nicolasa Lemos. Se interpuso apelación ante el Tribunal, quien consideró varios circunstancias declaro nula la sentencia apelada y todo lo actuado, poniendo los autos al estado de demanda a costa del Juez que pronunció aquella sentencia, doctor Pedro Pablo González sin comprender las costas del recurso de apelación que serían a cargo de las partes.

Copia de la sentencia promovida por el Juez Letrado del circuito judicial de Cali, en que declaró nulo e insubsistente el convenio celebrado entre José Gregorio Fernández como apoderado de Jaime Arroyo, curador del menor Francisco Lemos y Emeterio Aragón apoderado de Nicolasa Lemos. Se interpuso apelación ante el Tribunal, quien consideró varios circunstancias declaro nula la sentencia apelada y todo lo actuado, poniendo los autos al estado de demanda a costa del Juez que pronunció aquella sentencia, doctor Pedro Pablo González sin comprender las costas del recurso de apelación que serían a cargo de las partes.

El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia apelada por María Joaquina Ortiz en los Autos promovidos por la señora Serafina Vernaza contra ésta sobre los límites de unas tierras situadas en la jurisdicción de Jamundí

El Tribunal confirma la sentencia de primera instancia apelada por María Joaquina Ortiz en los Autos promovidos por la señora Serafina Vernaza contra ésta sobre los límites de unas tierras situadas en la jurisdicción de Jamundí

Expediente seguido contra la viuda de Caicedo y Cuero, por exigírsele la consignación, en Cajas de la Hacienda pública, de 4121 pesos 6 reales que quedaba a deber la mortuoria del mismo Caicedo, de un depósito particular que recibió el año de 1810 "en la causa de concurso de Cristóbal Cobo" y que pertenecía ya a la testamentaria de éste. Se basó la demanda en el decreto expedido por el Congreso de la Unión en junio de 1815, tendiente a obtener que los depósitos particulares, así como "los fondos piadosos", que estaban en poder de testamentarios, sin destino, se entregaran a la Tesorería del Estado, a fin de ayudarlo en sus urgencias, mientras se les daba aplicación, según la justicia o voluntad de los testadores. A la demanda contestó Juana María, haciendo ver su imposibilidad para la consignación... en circunstancias de hallarse ella... satisfaciendo el empréstito forzoso del tres por ciento de ganados y del uno de todos los bienes que dejaron su marido y su suegro Manuel de Caicedo, "que por estar en un solo cuerpo, asciende su valor a una suma crecida"; lo cual y los dineros suplidos por aquel al Estado, cuando la expedición contra Tacón y los gastos que hizo de su peculio hasta Pasto, junto con el valor de los auxilios en ganado, caballería, y víveres suministrados en la hacienda de Cañas gordas a militares del Ejército Libertador en sus idas y venidas - que ella no había cobrado- pasan en mucho sobre la cantidad demandada, como lo comprueba con documentos, cuya devolución pide, a la vez que se le absuelva de la obligación de consignar tal depósito. Con todo, el Teniente de Gobernador, no la absuelve, y ella apela al Gobernador (que "se halla informado muy de cerca de éstas verdades") y obtiene un término de dos meses para dirigirse al Gobierno de la Unión; mas éste en atención a las urgentísimas necesidades de la Patria sólo le concede un plazo de dos meses más para hacer la consignación exigida; y en esta virtud el Gobernador Arboleda, con fecha 8 de mayo, manda verificar el cobro por estar vencido el segundo plazo. Juana dirige su hermoso memorial al Gobernador, en su nombre y en el de sus "tres tiernos niños, que perdiendo a su marido y a su padre en heroico sacrificio hecho por la Patria, palpan ya el grande deterioro de sus bienes", deterioro causado también por los enemigos y que aumentó la invasión de las huestes de Juan Sámano.

Demanda que presenta en Cali ante el Gobernador Alonso Pérez, en nombre de Miguel de Ballesteros, contra Sebastián Quintero por 280 pesos de oro de 20 quilates que le debía de dos años de servicios prestados en su hacienda, según contrato que presenta. El Gobernador manda a las justicias de Popayán le hagan reconocer a Quintero el concierto presentado y procedan contra él. Se sigue la causa en Popayán ante el Alcalde Ordinario Don Juan de Verganzo y la falla Don Antonio del Pino Argote. Intervienen otros acreedores de Quintero y en Popayán representa a Ballesteros, Antonio de Toro.

El Tribunal del distrito superior del Cauca, confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a José Ignacio González, a entregar las cinco libras de oro que tomó cuando emigró al Chocó en 1831, siendo Prefecto en Cali, con otros intereses pertenecientes a la testamentaria de Juan Antonio Rodríguez.

El Tribunal del distrito superior del Cauca, confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a José Ignacio González, a entregar las cinco libras de oro que tomó cuando emigró al Chocó en 1831, siendo Prefecto en Cali, con otros intereses pertenecientes a la testamentaria de Juan Antonio Rodríguez.

Copia del Expediente seguido en el Juzgado de Buga entre Tomasa Quintana con Nicolás María Varela, sobre si la rebaja de los principales de censos con que estaba grabada la hacienda por Jueces árbitros nombrados en conformidad con la ley de 11 de agosto de 1824. El Tribunal declaró inadmisible el recurso de hecho que introdujo ante él con testimonio de autos Nicolás María Varela, del auto interlocutorio pronunciado por el Juez 2º de 1ª instancia de Buga.